Esta opinión ha quedado demostrada en las encuestas de opinión pública una y otra vez. La velocidad es excitante y a todo el mundo le gusta darse el placer de conducir por encima de los límites medios. Sin embargo, sólo unos pocos son conscientes de los riesgos que conlleva: de hecho, hay muchos más riesgos de provocar un accidente. Expliquemos lo que podría ocurrir si no se regula la conducción.
Encontrar una empresa que ofrezca trucar el limitador de velocidad es fácil. Puedes preguntar a Google y aquí lo tienes. Las empresas utilizan las llamadas llaves tuning y chips para desbloquear el limitador de velocidad y subirlo por encima del límite legal. El ajuste de la bicicleta te costaría unos 200 euros. ¿Qué ocurre entonces?
“Los kits de tuning permiten que el apoyo del motor eléctrico no se corte cuando se alcanza la velocidad máxima de 25 km/h, sino que continúe mucho más allá de este límite, en algunos casos hasta velocidades de más de 70 km/h”, explica el ciclista profesional Richard Gasperotti.
Naturalmente, esto aumenta el riesgo de accidente, ya que los ciclistas no están entrenados para manejar la bici a esas velocidades. El tunning pone así en peligro tanto al usuario como a los demás usuarios de la carretera. Al mismo tiempo, provoca estrictas regulaciones legales y allana el camino para futuras prohibiciones por parte de las instituciones estatales”, afirma Richard Gasperotti.
Quien conduzca una e-bike modificada de este modo está cometiendo legalmente una infracción. Un vehículo con un motor que permite velocidades superiores a 25 km/h ya no es una e-bike, sino una motocicleta eléctrica, y de este modo se convierte en objeto de regulación para su funcionamiento.
Actualmente, las bicicletas eléctricas se consideran iguales a las bicicletas tradicionales. Ambos medios de transporte están sujetos a los mismos derechos y obligaciones. Por lo tanto, incluso cuando se circula con bicicletas eléctricas, es posible utilizar carriles bici o pistas forestales. No se exigen oficialmente placas de matrícula, seguros especiales ni permisos de conducir. Además, incluso los menores sin carné de conducir pueden utilizar bicicletas eléctricas.
Cualquiera que aumente ilegalmente la velocidad máxima de su e-bike infringe estas normas, lo que aumenta la presión para modificarlas y juega con las ventajas de las que disfrutan todos los usuarios honrados de e-bikes. Pero puede que esto no dure para siempre.
Los usuarios de bicicletas eléctricas modificadas tienen más probabilidades de sufrir accidentes. Si aumenta el número de accidentes, será inevitable cambiar la legislación que afecta a todos los propietarios de e-bikes. Cabe esperar la obligatoriedad del registro, las matrículas, el seguro de responsabilidad civil y la prohibición de circular por carriles bici y caminos forestales.
“Por lo tanto, es importante que una e-bike con asistencia hasta una velocidad máxima de 25 km/h mantenga el estatus de bicicleta con todos los derechos y obligaciones. Hay que proteger y preservar este estado de equilibrio”, afirma el ciclista profesional Richard Gasperotti.
Los fabricantes de motores eléctricos se han unido a la lucha contra las modificaciones ilegales, colaborando estrechamente con los fabricantes de bicicletas eléctricas. Llevan a cabo una labor de educación y prevención centrada en medidas técnicas contra las modificaciones en el hardware y el software de sus sistemas de propulsión.
Desde 2021, la lucha contra el tuning también se ha intensificado a escala europea. Con la iniciativa conjunta anti-tuning, la asociación europea de fabricantes CONEBI, junto con ZIV, Bosch eBike Systems y muchos otros, se han comprometido a prevenir las interferencias en la conducción de e-bikes y a poner de relieve la gravedad del asunto.
Fabricantes como Bosch eBike Systems utilizan software con sensores capaces de detectar la modificación ilegal. Si el software descubre un ajuste ilegal, la e-bike pasa al modo de emergencia. Si la detección vuelve a aparecer tres veces, el motor eléctrico se apaga y el modo de emergencia sólo puede ser desactivado por el taller original.
El trucaje de motores no autorizado también genera riesgos técnicos. Las modificaciones pueden dañar el sistema de propulsión y la propia bicicleta. Aumentar la velocidad máxima por encima de 25 km/h supone una carga a largo plazo para la construcción de todas las piezas que no están diseñadas para tal esfuerzo. Por lo general, los frenos son los más sometidos a tensión, pero el aumento de velocidad también afecta al manillar, la horquilla y el cuadro.
La asociación alemana de la industria de la bicicleta Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) ya se ha pronunciado al respecto, afirmando en un informe oficial que “la mayoría de los clientes y distribuidores desconocen por completo los riesgos y consecuencias a los que se exponen en caso de tuning ilegal”.
Esperemos que, con la ayuda de la educación y la cooperación con iniciativas gubernamentales y privadas, el tuning pueda erradicarse para que en el futuro podamos seguir disfrutando de la conducción de bicicletas eléctricas sin restricciones legales.
